Gutiérrez adelantó que el Ejecutivo chaqueño propondrá introducir en la Constitución garantías para atraer capitales: prohibición de expropiaciones sobre nuevas inversiones y un límite para que, a futuro, no se creen nuevos impuestos provinciales o municipales específicos que las afecten. «Una cláusula con rango constitucional, no una ley que pueda cambiarse por simple mayoría», planteó.
Según explicó, el camino institucional elegido no requeriría una convención constituyente: la Carta Magna local prevé reformas con el consenso de los 32 legisladores, una vía que —dijo— ya se utilizó para bajar la edad de voto a 16 años.
El funcionario calificó de «muy vieja» a la ley de puertos vigente, a la que responsabilizó por trabas a la participación privada y por la inactividad de las terminales chaqueñas. Propuso actualizar el marco normativo para habilitar inversiones en dragado, infraestructura y operación, con el objetivo de pasar del mero «consolidado de cargas» a la exportación efectiva de productos locales como girasol, soja y algodón, tanto en Barranqueras como en Las Palmas.
En materia fiscal, señaló una merma de recursos coparticipables entre enero y febrero y recordó que, además, la Provincia debe afrontar vencimientos heredados en dólares. Con ese telón de fondo, anticipó paritarias complejas, priorización de gastos esenciales y transparencia de números. También mencionó la desaparición de transferencias nacionales discrecionales y la asunción provincial de ítems como el Fondo de Incentivo Docente.
Otro frente de debate será el régimen de licencias gremiales. Gutiérrez sostuvo que en varias provincias los delegados son financiados por sus sindicatos y no por el Estado, y planteó que el Chaco podría avanzar hacia un esquema similar para evitar «doble costo» salarial y cubrir puestos con reemplazos cuando corresponda.
Sobre el inicio del ciclo lectivo, dijo comprender la protesta, pero subrayó que con ingresos a la baja cualquier recomposición salarial deberá ser responsable. Anticipó un fortalecimiento de auditorías en licencias docentes para reducir costos y volcar ahorros a quienes efectivamente trabajan.
Respecto de la expropiación de inmuebles vinculados a causas resonantes, el funcionario se mostró confiado en que avanzará en la Legislatura. Planteó que esos terrenos podrían destinarse a proyectos sociales o de reinserción, y que el Gobierno insiste en el traslado de detenidos a cárceles federales cuando corresponda.
Consultado por la modernización laboral recientemente debatida a nivel nacional, indicó que el Estado provincial se rige por su propio estatuto, mientras que en el ámbito privado el impacto dependerá de la reactivación de sectores como el agro y la foresto‑industria. Remarcó que la digitalización y la inteligencia artificial obligarán a reentrenar personal y a reconfigurar tareas en la administración pública.
Gutiérrez confirmó que continúan los planes de retiro voluntario —sin incluir áreas críticas como salud— y que no habrá nuevas incorporaciones. Señaló que se redujo la estructura orgánica en torno al 20% y que se prioriza el pase a planta de trabajadores con más de una década de antigüedad en servicios esenciales.
Ante consultas por los haberes del mandatario, afirmó que están equiparados a los de un comisario general y que los aumentos siguen la pauta del resto de la administración. También destacó la vigencia de la ley de rinoscopia obligatoria para funcionarios, cuya implementación operativa —dijo— comenzará «cuanto antes».
Mirando al 2027, consideró posible la articulación entre La Libertad Avanza y la UCR, a partir de experiencias electorales recientes. Y, sobre la dinámica legislativa de este año, confió en que habrá diálogo entre oficialismo y oposición, fuera de la efervescencia propia de la apertura de sesiones.
Entre la promesa de un «blindaje» constitucional para inversiones y la actualización de los puertos, el Gobierno del Chaco apuesta a una agenda económica y administrativa con eje en la austeridad, la modernización y el empleo privado. El termómetro, por ahora, está en la caja: menos recursos obligan a priorizar y a buscar consensos para que las reformas avancen.
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