EL PJ PIDIÓ UNA NUEVA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA, ESTA VEZ PARA LAS PYMES

 La iniciativa presentada propone subsidios en servicios, alivio tributario, acceso a créditos y medidas destinadas a sostener la actividad industrial.

Diputados de la oposición presentaron en la Legislatura chaqueña un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial, productiva, tarifaria y laboral de las PyMES de la provincia, por el plazo de un año. La iniciativa fue impulsada por los diputados Magda Ayala, Katia Blanc, María Pía Chiacchio Cavana, Luciano Moser, Lucas Nass y Santiago Pérez Pons.

En ese contexto, el proyecto fundamenta la declaración de emergencia en un conjunto de factores que, según el texto, afectan la continuidad operativa del sector industrial provincial, integrado mayoritariamente por micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ellos menciona el «incremento sostenido de los costos de servicios públicos; caída de los niveles de consumo y actividad económica; aumento de la presión tributaria y financiera; disminución del empleo registrado; cierre, suspensión o reducción de actividad de unidades productivas; y la pérdida de competitividad de la producción provincial frente a mercados externos e interjurisdiccionales».

La propuesta presentada establece una vigencia inicial de 365 días, con posibilidad de una única prórroga por igual período mediante decreto del Ejecutivo. Así, entre las disposiciones centrales figura una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica y agua para las empresas alcanzadas, mediante un esquema de subsidios estatales a las prestadoras de servicios. «La reglamentación determinará los mecanismos de implementación, control y acceso al beneficio, conforme la disponibilidad presupuestaria y capacidad operativa del Estado Provincial», señala el documento.

Asimismo, el proyecto prevé una extensión de regímenes de regularización tributaria y beneficios para las PyMES industriales, entre ellos planes de pago de hasta 84 cuotas sin anticipo, condonaciones de determinadas obligaciones fiscales y el levantamiento automático de embargos «al momento del acogimiento al régimen, sin perjuicio del mantenimiento de las restantes medidas cautelares hasta la cancelación íntegra de las obligaciones regularizadas».

Por otra parte, la iniciativa faculta al Ejecutivo a gestionar acuerdos con organismos nacionales, incluida la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para impulsar medidas de «alivio fiscal y financiero». Entre las acciones previstas se encuentran reducciones o compensaciones de tributos nacionales, planes especiales de regularización y la adecuación de medidas de cobro.

Con ese panorama, el documento presentado prevé la incorporación de medidas crediticias a través del Nuevo Banco del Chaco, con ampliación de líneas de financiamiento, creación de nuevas herramientas y tasas bonificadas para el sector industrial PyME.

Otro de los puntos incluidos establece un régimen especial para proveedores del Estado provincial, fijando plazos máximos para la cancelación de pagos y mecanismos de seguimiento administrativo. A su vez, propone priorizar la participación de PyMES industriales en contrataciones públicas, procurando que hasta el 30% de las compras centralizadas puedan ser adjudicadas al sector bajo determinadas condiciones.

Como requisito para acceder y mantener los beneficios, las empresas deberán sostener su nivel de empleo durante el período de emergencia, tomando como referencia el promedio del cuatrimestre previo a la sanción de la ley.