Los gremios docentes universitarios nucleados en CONADU anunciaron un paro nacional de actividades que se extenderá del 16 al 20 de junio , en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector.
La medida se definió luego de que el Gobierno nacional acercara una propuesta presupuestaria a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un contexto de negociación abierto pero sin acuerdo definitivo. Según el comunicado sindical, cuando exista una oferta formal será sometida a consulta de la docencia universitaria, mientras el plenario del gremio se declaró en estado de alerta y sesión permanente.
Además del paro, CONADU convocó a clases públicas y actividades de visibilización para el 9 de junio frente a Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, y para el 11 y el 16 de junio en distintos puntos del país, entre ellos Rosario y la Capital Federal.
En paralelo, el sindicato presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de convocatoria a la negociación paritaria.
La oferta oficial y el conflicto judicial
Esta semana, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió con los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro). Allí se discutió una propuesta oficial que incluiría una recomposición salarial del 21,33% para junio y un 3% adicional en octubre, además de una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y refuerzos para becas y hospitales universitarios.
Sin embargo, las universidades mantienen su reclamo por el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla actualizaciones salariales, recursos para becas, infraestructura y funcionamiento. Desde el ámbito académico también rechazan el pedido del Ejecutivo de retirar el litigio que actualmente tramita ante la Corte Suprema.
La Corte rechazó apartar a los jueces
En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia rechazó una presentación del Estado nacional que buscaba apartar al juez de primera instancia Diego Martín Cormick y a un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, en la causa impulsada por el CIN para exigir la aplicación de la ley.
El máximo tribunal sostuvo que no se acreditó ninguna causal válida de excusación y remarcó que la actividad docente en universidades públicas no implica, por sí misma, un interés personal y directo en el resultado del proceso judicial. Además, recordó que las recusaciones y excusaciones son mecanismos excepcionales que deben interpretarse de manera restrictiva para no afectar el principio del juez natural.
Con ese fallo, la Corte dejó firme la continuidad de los magistrados cuestionados y mantuvo abierto el camino judicial en el reclamo universitario, mientras las negociaciones salariales y presupuestarias siguen sin resolución definitiva.
